Desde México nos llega el siguiente artículo analizando la postura de la presidenta mexicana Claudia Sheimbaum quien después de Delcy Rodríguez es la principal responsable de que el cerco trumpista contra Cuba esté teniendo éxito. Este texto de Pablo Oprinari -un estrecho amigo de Comunistas Cuba incluso antes de su fundación y participante del 1er. Evento León Trotsky- deja bien expuesta la doble moral del gobierno mexicano. Es un texto que cada cubana y cubano debiera leer para entender que en realidad Sheimbaum más que ser solidaria, ha sido uno de los más útiles peones de Trump en la asfixia contra la isla.
La política estadounidense hacia América Latina tiene, desde inicios de este año, la marca de una ofensiva imperialista y neocolonialista recargada. En Venezuela eso implicó —bombardeo de la capital del país mediante— el secuestro del presidente y su esposa, en tanto que bajo el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha surgido un verdadero protectorado. El país sudamericano desde entonces suspendió sus envíos de petróleo a Cuba, que se habían vuelto cruciales e indispensables para mantener las funciones elementales de la vida social de la isla. Congruente con esto, en las semanas siguientes la diplomacia estadounidense de las cañoneras apuntó directamente a La Habana: declaraciones de que el gobierno de Díaz-Canel caería pronto, y amenazas de sanciones a quienes enviaran crudo a la isla.
La Casa Blanca busca afirmar su control sobre su zona de influencia directa —América Latina— respaldando y fortaleciendo a los gobiernos y partidos de la ultraderecha, como en el caso de Argentina, Chile, Costa Rica o Guatemala, así como pretende ajustar las cadenas sobre los países gobernados por el "progresismo".
El giro conservador de los progresismos latinoamericanos: el test de Cuba
Esto ha propiciado, a inicios del segundo cuarto del siglo XXI, una cuestión de significación y novedad histórica en Latinoamérica: el salto en el disciplinamiento de los gobiernos burgueses autodenominados progresistas, respecto a las exigencias imperialistas. Mientras EE. UU. les prohíbe enviar petróleo a Cuba (violentando así una atribución que se supone básica y soberana de cualquier país) aceptan el chantaje trumpista y se esmeran por aparecer bien portados.
Es el caso de las administraciones de Lula en Brasil, de Petro en Colombia —con su reciente y vergonzante entrevista con Trump— o de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana cerró, en enero, el grifo petrolero, en una acción que no puede ser eclipsada por los envíos de ayuda humanitaria en víveres. Los representantes políticos de las burguesías latinoamericanas, ante la presión extrema y las amenazas imperialistas, mostraron así la dinámica conservadora que asume el actual ciclo progresista.
Quedaron muy atrás las experiencias de los gobiernos nacionalistas burgueses (llamados populistas por las ciencias sociales) que, en la primera mitad del siglo XX, pusieron cierta distancia e, incluso, llevaron adelante medidas puntuales que los confrontaron con las compañías trasnacionales y los estados imperialistas —como fue Lázaro Cárdenas, Juan D. Perón o Getulio Vargas. Aunque hay que decir que estos no desplegaron una política consecuentemente antiimperialista, y menos aún anticapitalista, nada de esos aspectos que destacamos quedan en las deslavadas experiencias progresistas de hoy, más allá de la retórica que intenta hundir sus raíces en los mismos. No faltaron en México quienes hace unos años parafrasearon a Trotsky y sus conceptualizaciones sobre el bonapartismo sui generis para referirse a la Cuarta Transformación. Lo improcedente de dicha comparación se confirmó en la dinámica deslucida y moderada que asumió el “segundo piso” del progresismo mexicano bajo el bastón de mando de Claudia Sheinbaum.
El actual posicionamiento internacional del gobierno de Morena es una muestra de esto último. En el sexenio previo, López Obrador, mientras sostuvo la subordinación económica y la dependencia estructural a Estados Unidos vía el TMEC Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] , desplegó una política exterior que pretendía mantener cierta autonomía respecto a la Casa Blanca y a los gobiernos más alineados con Washington en la región. Ejemplos de ello fueron su posicionamiento ante el golpe en Bolivia en 2019 o su acercamiento al gobierno de Díaz Canel en Cuba.
A la par, mientras desarrolló proyectos ecocidas como el Tren Maya que pisotearon los derechos de los pueblos originarios, desplegó algunas iniciativas que fueron criticadas por sectores de la burguesía imperialista en el terreno energético y minero, fundamentalmente porque aumentó la primacía estatal mientras respetó las inversiones del capital privado. Siempre que se recuerdan esos aspectos, es importante reafirmar que bajo su mandato la gran burguesía aumentó sus riquezas, tanto aquellos cercanos al expresidente —como Carlos Slim— como quienes tuvieron momentos de confrontación con AMLO, como Germán Larrea.
Bajo la actual administración, se profundizaron las políticas de continuidad con el pasado neoliberal y de alineamiento con EE. UU. al calor de una mayor ofensiva imperialista sobre su patio trasero —América Latina— y, en particular, sobre México. La suspensión del envío petrolero a Cuba es una expresión de ello: Sheinbaum lo quiso presentar como una decisión “técnica”, pero como mostraron las consultas realizadas por funcionarios mexicanos en Washington, se trató de una clara imposición aceptada por la 4T. Cabe mencionar que la producción petrolera de México es tal, que en solo quince días puede producirse lo que Cuba requiere para compensar su actual déficit durante todo un año.
El país interrumpió así, bajo un gobierno progresista, una colaboración energética que había sido sostenida incluso por gobiernos priistas, marcando un salto cualitativo en la subordinación al imperialismo. Esto tuvo sus antecedentes durante los años previos, cuando el gobierno de Sheinbaum se negó, durante dos años, a calificar como genocidio la masacre perpetrada por el Estado de Israel con la complicidad yanqui contra el pueblo palestino. Después de la cancelación de los envíos petroleros a raíz de la exigencia estadounidense, Sheinbaum anunció nuevos envíos humanitarios de alimentos y medicinas e incrementó las declaraciones a favor de Cuba, criticando algunas de las decisiones de Trump respecto a la isla.
El envío de toda la ayuda posible al pueblo cubano es una tarea fundamental que debe ser tomada en sus manos, con una perspectiva independiente y de solidaridad de clase, por todas las fuerzas obreras, democráticas y de izquierda de Latinoamérica, muchas de las cuales están impulsando el acopio y la recolección de víveres e insumos para ello. Sin embargo, lo del gobierno mexicano es una operación política para conservar un halo progresista, todo esto mientras se mantiene la suspensión de los envíos petroleros que requiere el pueblo cubano para mantener funcionando el transporte, los hospitales y el conjunto de la vida social. Son las consecuencias de un posibilismo, que se limita a hacer lo que el imperio permite. La izquierda mexicana y latinoamericana debe exigir que desde México, así como Brasil y otros países, se envíe ya el petróleo que requiere el pueblo cubano, junto a los víveres y otros productos necesarios.
Renegociación del TMEC y dependencia estructural a EE. UU.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta también los inicios del proceso de renegociación del TMEC, que tendrá su momento cúlmine en junio de 2026. Desde la asunción de Trump presenciamos una “diplomacia transaccional”, en la que amenazó con nuevos aranceles y restricciones para obtener sus exigencias en distintos terrenos, desde el llamado “combate contra las drogas” y la militarización -en donde la 4T ha instrumentado un accionar que responde plenamente a los dictados estadounidenses, como hemos explicado en La Izquierda Diario Mx-, hasta un mayor alineamiento en el terreno comercial.
En noviembre de 2025 esto se expresó en la imposición de aranceles, que llegan a un 50 % a las importaciones de China y otros países que no integran el TMEC, como Brasil y Corea del Sur. De esta manera, la integración subordinada avanza en una dinámica donde se establecen nuevas barreras arancelarias a países que no son parte del tratado. Esto fue justificado como un “derecho soberano” que busca favorecer la recaudación fiscal (la cual, efectivamente, aumentará un 62 % resultado de estos aranceles en 2026) aunque su motivación fundamental es fortalecer la subordinación incondicional de México al bloque económico liderado por Estados Unidos y a su orientación geopolítica contra China.
Esto se articula con lo que será uno de los aspectos fundamentales de la renegociación del tratado: las mayores restricciones en las llamadas normas de origen. Se busca aumentar el Valor de Contenido Regional de lo que se produce en el marco del TMEC y limitar, así, la incorporación de materias primas y componentes provenientes de China, en particular en el sector automotriz, que representa una de las mayores cadenas de valor a nivel internacional. En la actualidad, el VCR en el caso de los automóviles está en el 75 %, y en los automotores pesados en un 65 %. Sin embargo, un incremento de estas normas no fue bien recibido en la industria automotriz, ya que limitaría la incorporación de autopartes de China (México importó de allí un 35 % de las autopartes) las cuales no pueden ser reemplazadas fácilmente. De hecho, los aranceles del gobierno de Sheinbaum fueron en diciembre criticados por sectores de la industria de exportación, denunciando que le “quitaban competitividad” y “encarecían los precios”, lo cual entonces obligó al gobierno a moderar algunas de las tasas arancelarias.
Todo esto se da en el panorama general de una agresiva política arancelaria: el revés sufrido recientemente por Trump ante la Suprema Corte, fue respondido por éste con una suba general de aranceles del 15%; aunque el republicano aclaró que esto no afectaría a sus socios del TMEC, el panorama es más que incierto de cara al proceso de renovación del Tratado.
El extractivismo “progresista” y una entrega mayor de los minerales críticos
Otro aspecto crucial que se inscribe en la renegociación del tratado, y que está señalando el alineamiento a las necesidades económicas de Estados Unidos, es el acuerdo alcanzado respecto a los minerales críticos. La importancia de esto radica en la disputa existente entre Washington y Beijing, donde el vecino del norte pretende asegurar su acceso a recursos estratégicos para la industria energética, tecnológica y de seguridad nacional. China ejerce un importante control sobre los minerales críticos y las tierras raras y, en diciembre de 2024, después de que EE. UU. restringió los microchips chinos, el país asiático contragolpeó con distintas medidas que afectaron las exportaciones de minerales críticos a Estados Unidos. Hay que considerar además que EE. UU. ocupa, actualmente, el 30 % de estos minerales, mientras que su producción es mínima.
En ese contexto, el 4 de febrero fue firmado un Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos por el embajador Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. Este busca establecer un “comercio preferencial” y compromete a México a dar información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, hay 60 minerales estratégicos para su industria, en tanto que México tiene reservas y explotaciones de plata, cobre, plata, plomo, zinc, grafito, manganeso y litio.
De hecho, la oficina comercial de EE. UU. anunció que el acuerdo “incluirá la identificación de minerales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos y la consulta sobre cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio” bajo la explicación de que se busca evitar que las cadenas de suministros de América del Norte estén sujetas a “interrupciones”, un eufemismo para referirse al impacto de una guerra comercial con China y cómo garantizar el acceso de las transnacionales yanquis a tan valiosos recursos.
Esta política de Estados Unidos implicó también que, ese mismo 4 de febrero, se realizó una reunión con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, con representantes de 50 países, la llamada Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos, donde anunciaron que “Estados Unidos está demostrando un liderazgo sin precedentes en la diplomacia de minerales críticos”. Previamente, el 2 de febrero, Trump presentó el “Proyecto Bóveda”, para crear la Reserva Estratégica de Minerales Críticos de Estados Unidos.
Aunque poco publicitado por obvias razones, estamos ante un aspecto fundamental hacia la renegociación del TMEC, ya que “si finalmente se incorpora al tratado de libre comercio, beneficiará a la industria estadounidense al no tener aranceles … lo que trata de hacer Estados Unidos es evitar que México haga convenios o invite a compañías de otros países y asegurar derechos de exclusividad para sus empresas”, como afirmó un académico, especialista en el tema, de la UNAM. Esto busca asegurar el suministro de materiales clave para la industria estadounidense y poner cada vez más decididamente la industria extractiva y los abundantes recursos naturales de México, en función de las necesidades estratégicas del imperialismo yanqui.
Bajo el progresismo gobernante, desde AMLO en adelante, se incrementaron las políticas extractivistas y los megaproyectos desplegados en función de los intereses empresariales y a costa de las comunidades y pueblos originarios, como se vio en el caso del Tren Maya, que significó además militarización y represión, como fue el caso de Samir Flores y cientos de defensores de territorio asesinados.
Además de lo que analizamos en los párrafos anteriores, el gobierno de Sheinbaum está reimpulsando el fracking —justificado bajo la búsqueda de “soberanía energética”— para ampliar la explotación del gas shale, una decisión que ha sido criticada incluso por algunos de sus aliados en la coalición gobernante. Como plantea una analista, “no estamos frente a una estrategia de soberanía energética, sino ante la consolidación de México como plataforma extractiva y de tránsito al servicio del mercado energético global”.
En esto se inscribe también el Proyecto Saguaro en Sonora, un polo de procesamiento y exportación de gas, “un corredor gasífero en el noroeste del país que conecta el gas shale de Estados Unidos con plantas de licuefacción en la costa del pacífico mexicano para exportarlo a Asia.”, donde México —y en particular las poblaciones de la zona— asume los costos ambientales y sociales .
Inicia así bajo las banderas del “progresismo” y de las necesidades estadounidenses, un nuevo ciclo de extractivismo, de despojo y devastación ambiental para las comunidades y pueblos originarios, evidenciando su negativa a enfrentar el saqueo de los bienes comunes y la catástrofe sobre la naturaleza.
Antiimperialismo o subordinación y dependencia
En este artículo desarrollamos un análisis crítico de las políticas más recientes del gobierno de Morena, frente a la ofensiva estadounidense sobre América Latina (y sobre Cuba en particular) y su alineamiento a las necesidades económicas del vecino del norte. Esto se expresará en el proceso de renegociación del TMEC, que actualmente concentra el 29 % del PIB mundial. No es seguro que la aceptación de los dictados estadounidenses alcance para lograr una renovación a 16 años del tratado; la estrategia de diplomacia transaccional de Trump se articula mejor con una renovación anual mediante revisión, donde Washington buscará imponer condiciones y concesiones en distintos terrenos, económicos, políticos y militares.
Bajo la ofensiva neocolonial e imperialista estadounidense, que se orienta en primer lugar hacia su principal zona de influencia —su “patio trasero” latinoamericano y México en particular— el progresismo mexicano cede constantemente a las exigencias de Trump, y muestra la incapacidad de la burguesía mexicana y sus actuales representantes políticos, para llevar adelante una política que defienda la soberanía nacional.
En cambio, una perspectiva antiimperialista —que hoy requiere como primera tarea la defensa de Cuba contra la agresión imperialista y garantizar los recursos energéticos y de todo tipo que el pueblo de la isla necesita— solo puede ser impulsada por la clase trabajadora junto a la juventud y el conjunto de los oprimidos del campo y la ciudad de México, en alianza con los trabajadores y pueblos de América Latina y con el proletariado multiétnico de Estados Unidos y Canadá. Para ello, se trata de construir una verdadera alternativa política, internacionalista, socialista y revolucionaria que impulse esta perspectiva con decisión en cada batalla de la lucha de clases.