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Sobre el Estado socialista de derecho, o la antinomia de la razón burocrática


  

 

Por Marcos Guzmán

 

En el curso de la consulta popular previa al referéndum que aprobó la Constitución de 2019 fueron discutidas muchas cuestiones preocupantes para los que todavía aspiran a realizar el socialismo en Cuba. El proyecto de Constitución que fue llevado a consulta, era un texto más liberal y menos socialista respecto a la Constitución anterior. Pasaba por alto en su parte dogmática las luchas de los marxistas y comunistas cubanos junto a la clase trabajadora en las décadas del 20 y el 30. Rechazaba el comunismo como un objetivo a alcanzar a largo plazo, eliminando toda mención al mismo y descartando la condena al capitalismo como un sistema explotador e injusto; a la vez que reafirmaba formalmente el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, en medio de múltiples y contradictorias reformas liberales que, en el plano de la práctica, representan la negación del socialismo. Se introdujo la propiedad privada y la llamada empresa estatal socialista quedaba, casualmente, fuera de la definición de propiedad socialista de todo el pueblo.

Durante la consulta popular, muchos dimos batalla, y a pesar de los numerosos detractores del socialismo en Cuba, se logró que al menos en la parte dogmática, el horizonte emancipador del comunismo volviera a tener lugar. Entre otras cosas, el status formal de la empresa estatal quedó más claro. Sin embargo, las reformas liberales que afectarían más directamente la vida y desarrollo del país se quedaron en el texto. Sabíamos que no era posible esperar mucho más, y que, estuviéramos de acuerdo o no, estaban impulsadas por necesidades objetivas, no eran “caprichos” de algún Gorbachov. 


A la necesidad puramente económica, empíricamente comprobable en todos los ámbitos de la vida nacional, se añadía la necesidad de ordenar un país en el que desde la década de los 90, estaba sumido en un estado que no sería exagerado describir como anárquico; un desorden que generó una pérdida de la cultura del trabajo, y en el que cada cual – sobre todo la pléyade de funcionarios intermedios que forman parte de nuestra casta dirigente – se aprovecha impunemente de los medios que disponga, legal o ilegalmente, en beneficio propio y en detrimento de sus conciudadanos y la sociedad en su conjunto.

Sin embargo a casi 2 años de aprobado el proyecto definitivo, creemos que muchas cuestiones no estaban correctamente planteadas; los elementos contrarios al socialismo, que circunstancialmente se han vuelto una necesidad, y que por tanto debieran tener un carácter explícitamente temporal, han sido legitimados al más alto nivel legislativo, a nivel constitucional. El tipo de reformas que Lenin, o incluso Fidel Castro, hubieran considerado “pasos atrás” para reunir fuerzas y continuar hacia el socialismo en lo adelante, son presentadas como auténticas fuentes de “desarrollo socialista”.

En este sentido, es necesario tener en cuenta las múltiples implicaciones tras el rostro amigable del concepto de Estado socialista de derecho, sustituto de Estado socialista de trabajadores, adoptado con el supuesto fin de reforzar la institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Constitución aprobada en el año 2019. Esto no es más que una estafa de nuestra burocracia aburguesada pues, camuflado tras el apelativo de “socialista”, el concepto Estado de derecho encierra en sí todas las trampas del derecho burgués para legitimar y defender el status quo. Si lo rastreamos en la historia nos lleva directamente al modelo político republicano francés, que establece como fuente del derecho – y único límite del poder del Estado – al derecho mismo, siendo este en última instancia la legitimización de las relaciones sociales de producción existentes y que le dan contenido a sus disposiciones formales. Al subordinar el Estado a la noción burguesa de Estado de derecho, se le somete a la condición de perro guardián de esas relaciones de producción. Cierto que la existencia del Estado socialista en la transición al comunismo, es también debida a la necesidad de configurar, legitimar, y defender las nuevas relaciones sociales socialistas; pero este no es el caso.

 

Si además tenemos en cuenta que el inciso e) del artículo 21 reconoce – por primera vez desde el triunfo de la revolución –la existencia de la propiedad privada, es fácil comprender que lo que significa reconocerse como un Estado de derecho, justo en el momento de esta reforma, es que el Estado cubano está obligado a ofrecer garantías y proteger un sistema de relaciones sociales en que la propiedad privada juega un papel fundamental y tendiente a revivir a la clase burguesa que una vez fue destruida por la revolución. Es decir, que en Cuba la burguesía, sus privilegios, y las relaciones sociales – capitalistas – en que esta se desarrolla crecerán necesariamente al amparo del Estado “socialista”. ¡Resulta que el carácter peculiar del socialismo cubano será la defensa del capitalismo desde la institucionalidad!

Más esto no es lo único mefítico que encierra esta idea de un Estado “socialista” de derecho. El derecho se levanta sobre la noción burguesa de libertad, sobre todo de libertad política. Muy vinculada a la idea de la voluntad general de Rousseau,  en la que cada individuo enajena sus derechos en un cuerpo colectivo, del cual emanan las leyes como condiciones para realizar el bien público, con el beneficio de recibir la cualidad de miembro con plena igualdad dentro del todo. Al no plantearse desde una perspectiva clasista, no puede tener en cuenta el despliegue de las contradicciones reales en las que se desenvuelven los hombres.

 La condición de la libertad, será una igualdad formal ante la ley, por parte de un ser humano abstracto e inexistente en la práctica. Los seres humanos reales, los sujetos concretos del derecho, no son iguales en la práctica, unos son propietarios y otros no pueden serlo sino a condición de despojar a los primeros, unos cuentan con todas las condiciones para una capacitación plena y otros están demasiado volcados en la supervivencia para siquiera preocuparse por su capacitación. No son iguales ni siquiera naturalmente, ya que unos son más fuertes que otros, y tienen capacidades físicas e intelectuales diferentes. De modo que la igual consideración hacia sujetos determinados por condiciones esencialmente desiguales, no puede ser otra cosa que la legitimación de la desigualdad. 


Así, la libertad de los individuos desiguales, basada en su igualdad ante la ley, es relativa y engañosa, sirviendo para crear la apariencia de que el Estado responde a todos los miembros de la sociedad,  cuando en realidad las relaciones de producción sancionadas por el derecho permiten que solo la clase – o la casta ­– beneficiada por ellas disponga de tiempo y recursos para dedicarse a la actividad política. Esta libertad, permite a los miembros de la clase, o sector social, dominante turnarse en defensa de sus propios intereses, creando una ilusión de democracia dada por el pluralismo político. 

La historia nos dice que donde hay un pluralismo político abierto, no funciona la lógica del partido único y monolítico, pero que donde hay pluripartidismo, es decir la posibilidad de que sectores de la élite dominante se organicen para turnarse al timón de la sociedad en pos de intereses particulares, es imposible el desarrollo continuado de un proceso revolucionario que lleve a la auténtica liberación del ser humano. La introducción del término “Estado socialista de derecho”, junto a reformas de carácter liberal, no solo se presenta como una especie de antinomia que se niega a sí misma, incapaz de desarrollar sus elementos sin que se obstaculicen mutuamente, sino que contradice la idea expresada en el proyecto constitucional de que: “El Partido Comunista de Cuba, único, (…) vanguardia organizada de la nación cubana (…) Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo”.[1]  Un partido monolítico que no comparte el poder con nadie, y que intenta legitimarse sobre las bases de un pluralismo político que no puede darse el lujo de permitir fuera de él, y que no permite desarrollarse en su interior. 


El pluralismo político, en sí mismo, no es necesariamente negativo, ya que solo a través de la lucha política, y la resolución de las contradicciones que se le van planteando, puede la política tener un carácter vivo y transformador. Con todas las ideas y decisiones fluyendo unilateralmente desde la cúpula de la élite dirigente, es muy difícil, sino imposible, una renovación dialéctica y realmente superadora del estado de la vida política del país. Ante la necesidad de superar el estado de cosas actual, a la burocracia dirigente no le queda otra cosa que recurrir al reciclaje de los mecanismos cuya necesidad de superación, condujeron, en primer lugar, a la existencia misma de la revolución cubana.

Pero este pluralismo político beneficioso y necesario, no puede ser canalizado a través de la organización de otras élites políticas, capaces de secuestrar la energía e impotencia de las masas en beneficio de sus propios intereses. En este sentido, el pluripartidismo nunca ha representado, ni representará la solución a los problemas específicamente políticos de Cuba. La respuesta ha sido dada desde hace mucho por los mismos teóricos del marxismo. Hay que democratizar la política entre la clase trabajadora, y para ello, es necesario empoderarla  más efectivamente. Como he mencionado en otros artículos, un primer paso un paso fundamental y de vital importancia para el proceso de la transición socialista sería liberar las fuerzas productivas de la gestión centralizada de la burocracia estatal – que no es el sentido en el que se habla hoy de liberarlas en beneficio de la propiedad privada –, abriendo paso a nuevos mecanismos de gestión obrera y democratizando el proceso de producción social. Esto forjaría una mayor conciencia política en la clase trabajadora, capacitándola para hacer frente de manera organizada a muchas cuestiones que la política desde arriba se ha mostrado incapaz de resolver.


Aunque dadas las condiciones políticas y sociales actuales, nos es imposible prescindir de un instrumento de regulación de la vida social eficaz como el derecho, preferimos apostar por una legalidad subordinada estratégicamente a los objetivos socialistas, que corresponda más con las relaciones sociales que aspiramos a construir que a las que a las que necesitamos superar y que emane de los protagonistas de este titánico esfuerzo. Esto pasa también por la idea de la construcción progresiva de una democracia obrera, un poder que sin prescindir de la autoridad del partido, permita a la clase trabajadora tomar parte efectiva de las neurálgicas decisiones que orientan la economía y la vida del país hacia un nuevo rumbo.

Una última observación. Por si no bastara la sustitución del concepto de Estado socialista de trabajadores por Estado socialista de derecho, se creyó pertinente añadir: y de justicia social. Como si al asumir el concepto de Estado socialista no estuviera implícita la sujeción del poder del Estado a la voluntad de las clases trabajadoras, o el objetivo de alcanzar justicia social plena. Con todo lo dicho, no es descabellado suponer que en todo esto hay una direccionalidad que busca refugio tras el orden impersonal del derecho, adornado con tintes de socialismo. El prólogo que fue publicado junto a la Constitución, como quién no quiere la cosa, nos deja una pista al respecto. Mientras que en el Preámbulo la expresión “ciudadano cubano” fue cambiada por “el pueblo de Cuba” debido a que se habían recibido 48 propuestas al respecto, las 4 mil 800 propuestas de cambiar el nombre del país a República Socialista de Cuba, fueron rechazadas.



[1] (Comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 2018, pág. 8 Articulo 5)

 

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