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¿Qué es el FMI?

Recientemente, Argentina pactó con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda que el expresidente Mauricio Macri contrajo con esta institución. Algunos economistas cubanos -argumentando que el Gobierno no se someterá a injustas condiciones- han sugerido negociar con el FMI para salir de la actual crisis económica. Pero, ¿qué es el FMI? Para responder esta pregunta presentamos un extracto del artículo El ABC del FMI publicado por el Comité de la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo.

 

El ABC del FMI

por: Maud Bailly, Nathan Legrand, Milan Rivié y Éric Toussaint

Como el Banco Mundial, el FMI fue creado en 1944 en Bretton Woods. Su objetivo oficial era el de estabilizar el sistema financiero internacional reglamentando la circulación de capitales. Más tarde, se convirtió en la principal institución encargada de imponer políticas neoliberales brutales en todo el planeta. Claramente, es un organismo antidemocrático al servicio de los intereses de las grandes potencias y de las grandes empresas privadas. La concesión condicional de créditos a los países en dificultades es uno de sus principales medios de presión. En 2019, 189 países eran miembros del Fondo, lo mismos que son miembros del BIRD (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creado en 1945, es una de las dos patas del Banco Mundial).

 

Un liderazgo no democrático

La organización es comparable a la del Banco Mundial: cada país nombra a un gobernador para representarlo, en general, el ministro de Finanzas o el gobernador de su Banco Central. Estos representantes se reúnen, una vez por año en octubre, en el seno del Consejo de gobernadores, instancia soberana del FMI, este consejo es el encargado de tomar las decisiones importantes (admisión de nuevos países, preparación del presupuesto, etc.)

Para la gestión cotidiana de las misiones del FMI, el Consejo de gobernadores delega su poder en el Consejo de administración formado por veinticuatro miembros. Los siguientes ocho países —los mismos que en el Banco Mundial— tienen el privilegio de poder nombrar un administrador: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, China y Rusia. Los otros dieciséis administradores son nombrados por grupos de países cuya composición puede diferir ligeramente de los grupos del Banco Mundial.

El tercer órgano director es el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) que agrupa a los veinticuatro gobernadores de los países que forman el Consejo de administración. Se reúne dos veces por año (en primavera y en otoño) y es el encargado de asesorar al FMI sobre el funcionamiento del sistema monetario internacional.

El Consejo de administración elige a un director/ra general por cinco años. La norma tácita, en vigencia en el Banco Mundial, promueve que ese cargo esté reservado a un europeo o una europea. El francés Michel Camdessus estuvo en ese puesto entre 1987 y 2000, antes de dimitir a causa de la crisis en Asia del Sudeste. El FMI había ayudado a los acreedores que habían realizado inversiones de alto riesgo y había impuesto medidas económicas que llevaron al desempleo a más de 20 millones de personas, hecho que provocó fuertes protestas populares y la desestabilización de muchos gobiernos. El español Rodrigo Rato fue nombrado para el puesto en 2004 y dimitió en 2007 para integrar el servicio internacional de la Banca Lazard en Londres. En 2017, fue condenado por la justicia española a cuatro años de cárcel por la malversación de fondos llevada a cabo por el banco Bankia. El francés Dominique Strauss-Kahn, exministro socialista de Finanzas, le sucedió en 2007, pero fue obligado a dimitir en 2011 debido a la denuncia por agresión sexual de una empleada de un hotel Sofitel. En julio de 2011, la francesa Christine Lagarde, que era, hasta ese momento, ministra de Finanzas tomó el relevo. Christine Lagarde fue enjuiciada por el “afer” del Crédit Lyonnais, que costó caro a los contribuyentes de Francia. Dejó su puesto en 2019 para convertirse en directora del Banco Central Europeo. Se pueden decir muchas cosas sobre su mandato. Después de la partida de Christine Lagarde, los miembros de Europa y Washington se pusieron nuevamente de acuerdo para designar a una persona europea a la cabeza de la institución. El puesto recayó en Kristalina Georgieva, economista búlgara, ex número dos del Banco Mundial.

En 2019, el FMI tenía un equipo de 2.765 altos funcionarios y altas funcionarias, provenientes de 148 países, la mayoría trabajando en Washington. El “nº 2” del FMI siempre es un representante de Estados Unidos, cuya influencia en la institución es preponderante. Durante la crisis asiática de 1997-1998, Stanley Fisher se adelantó a Camdessus varias veces. Durante la crisis argentina de 2001-2002, Anne Krueger tuvo un papel muy activo. De 2006 a 2007, John Lipsky, execonomista en jefe de JPMorgan, uno de los principales bancos de negocios estadounidenses, tuvo también un papel preponderante. Lipsky había prevenido desde marzo de 2010 que los gobiernos de los “países desarrollados con déficit público elevado debían comenzar, desde este momento, a preparar a la opinión pública con respecto a las medidas de austeridad que serán necesarias a partir del año próximo”. Diez años más tarde, es necesario constatar que, efectivamente, la agenda neoliberal se había desplegado, bajo el control del FMI sobre Grecia, Irlanda y Portugal desde 2010. El FMI continuó con sus nefastas acciones en una serie importante de países del Sur. En 2018 otorgó el crédito más importante de su historia al régimen 100 % neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, aliado dócil de Estados Unidos. Y eso terminó en un gran fiasco. Vemos con orgullo las enormes movilizaciones que las recetas impuestas por el FMI, en países como Ecuador y Haití, provocaron en 2019, y en el caso de Ecuador, las medidas del FMI tuvieron que ser abandonadas bajo la presión de la calle.

 

Un funcionamiento sobre el modelo de la empresa privada

Desde 1969, el FMI posee su propia unidad de cuenta que reglamenta sus actividades financieras con los países miembros: el Derecho Especial de Giro (DEG). Fue creado, en un momento en el que el sistema erigido en Bretton Woods basado en tipos de cambio fijos empezaba a tambalearse, con el fin de paliar la falta de activos de reserva de esa época, especialmente el oro y el dólar estadounidense. Pero eso no impidió que se derrumbase el sistema de Bretton Woods, debido a la decisión de Nixon de suprimir la libre convertibilidad del dólar estadounidense en oro, en 1971. Con un sistema de tipos de cambios flotantes, el DEG se convirtió, sobre todo, en un activo de reserva entre otros. Según el FMI: «El DEG no es una moneda, y tampoco constituye una acreencia sobre el FMI. Por el contrario, representa una acreencia virtual sobre las monedas libremente utilizables de los países miembros del FMI.» En su origen era igual a 1 dólar estadounidense, ahora se lo evalúa diariamente a partir de una cesta de monedas fuertes (dólar estadounidense, yen, euro, libra esterlina, y desde 2016 el renmimbi —yuan chino—).

En oposición a cualquier institución democrática, el FMI funciona casi como una empresa. Cualquier país que se haga miembro del FMI debe pagar un derecho de entrada, o sea, una cuota, convirtiéndose en accionista ya que contribuye a su capital. Esa cuota se calcula en función de la importancia económica y geopolítica del país. En principio, se la debe pagar en un 25 % en DEG o en una de las divisas que componen el DEG, y antes de 1978, se podía pagar también en oro, y el resto en la moneda local de cada país. De este modo, el FMI es un muy importante poseedor de oro, siendo el tercero en julio de 2019, por detrás de Estados Unidos y Alemania… Y eso porque muchos países pagaron su cotización al FMI con ese metal precioso. Además, en 1970-1971, Sudáfrica que, a pesar de sus violaciones constantes de derechos humanos durante el apartheid, el FMI juzgaba totalmente recomendable, le vendió grandes cantidades de oro.

Cuando, a comienzos del siglo XXI, todos sus grandes clientes le reembolsaron en forma anticipada, o dejaron de acudir a él, el FMI atravesó una situación financiera delicada y, en abril de 2008, su Consejo de administración aprobó la venta de 403 toneladas de oro, por un valor de 11.000 millones de dólares estadounidenses, con el fin de rellenar sus cajas. Aunque esas reservas no intervienen en los préstamos del FMI, le confieren estabilidad y una estatura esencial a los ojos de los actores financieros internacionales.

En abril de 2009, la cumbre G20 decidió triplicar la capacidad de préstamo del FMI, pasando de 250.000 millones a 750.000 millones de USD. Después de una reducción neta de las deudas pendientes de los créditos del FMI a sus Estados miembros, la crisis internacional que estalló en 2007-2008 fue el pretexto ideal para partir nuevamente al asalto, para multiplicar los préstamos, especialmente a países europeos, e imponer, en contrapartida, medidas antisociales draconianas y una austeridad dramática para los pueblos.

Contrariamente al Banco Mundial, son las cotizaciones de los Estados lo que permite al FMI conseguir reservas destinadas a ser prestadas a los países con déficit temporal. Esos préstamos están condicionados por la firma de un acuerdo que dicta las medidas que el país debe tomar. Ese dinero está disponible por tramos, después de cada verificación de la aplicación efectiva de las medidas exigidas.

Por regla general, un país en dificultades puede pedir un préstamo al FMI anualmente hasta un 100 % de su cuota y en total un 300 %, salvo un procedimiento de urgencia. El préstamo es a corto plazo y se supone que el país reembolsará al FMI cuando su situación financiera se haya restablecido.

Como en el caso del Banco Mundial, la cuota de un país determina el número de sus derechos de voto en el seno del FMI, siendo la correspondencia de 250 votos más un voto por tramo de 100.000 DEG de cuota. Es así como el Consejo de administración del FMI acuerda una plaza preponderante a Estados Unidos (más del 16,5 % de los derechos de voto). Como comparación, en enero de 2020, el grupo llevado por Mauritania, constituido por 23 países de África, que representa a 339 millones de personas (o sea 8 millones más que Estados Unidos), poseía solamente 1,62 % de los derechos de voto (es decir, menos de la décima parte de los derechos de voto de Estados Unidos). En 2016, bajo la presión de los países emergentes, una reforma sobre la transferencia de derechos de voto entraba en vigencia, pero, en realidad, solo era una farsa.

Como en el Banco Mundial, se requiere una mayoría del 85 % para todas las decisiones importantes sobre el futuro del FMI, y puesto que Estados Unidos es el único país que tiene más del 15 % de derechos de voto, posee un derecho de veto de facto.

 

El FMI, ese bombero pirómano

Las misiones del FMI están definidas en sus estatutos: se trata de «promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar los intercambios internacionales, contribuir a un nivel elevado de empleo y a la estabilidad económica y hacer disminuir la pobreza».

En los hechos, la política del FMI contradice sus estatutos. La institución no favorece ni niveles elevados de empleo ni elevados ingresos reales. Bajo la influencia del Tesoro de Estados Unidos y con el apoyo de los países del Norte, el FMI tomó la iniciativa de convertirse en un actor principal que tiene un peso enorme sobre las orientaciones políticas y económicas de los países miembros. Y para hacer eso, no duda en ir más allá de sus derechos.

De esa manera, el FMI favoreció la liberalización completa de los movimientos de capitales, una de las principales causas de las crisis financieras que afectaron gravemente a los países del Sur. Esa eliminación de todos los controles sobre los movimientos de capitales favorece la especulación y está en contradicción con la sección 3 del artículo 6 de los estatutos del FMI: «Los Estados miembros pueden tomar las medidas de control necesarias para reglamentar los movimientos internacionales de capitales».

Supervisión, ayuda financiera y asistencia técnica constituyen los tres ámbitos de intervención del FMI. Sin embargo, las consultas anuales con los países miembros y las recomendaciones de sus expertos no permitieron al FMI prever y evitar las grandes crisis que se sucedieron después de 1994. Las políticas dictadas por el FMI incluso las agravaron.

En el curso de los últimos años, las políticas del FMI, que consistían principalmente en poner fin a las subvenciones públicas destinadas a los productos de base (combustibles, alimentos) y a servicios de primera necesidad (transportes públicos), o a imponer medidas antisociales en el sistema de seguridad social, provocaron levantamientos populares, por ejemplo en Nicaragua (abril de 2018), Sudán (diciembre de 2018), Haití (verano 2018 y en 2019), Ecuador (octubre 2019). Decididamente, las funestas políticas del FMI no han cambiado.

 


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