Desde la
primera guerra civil donde se enfrentaron liberales y conservadores cruzándose del
siglo XIX al XX, pasando por la llamada época de la violencia desatada el 9 de
abril de 1948 tras el asesinato del líder liberal izquierdista Jorge Eliécer
Gaitán, y continuando con las eternas guerrillas nacidas en 1964, Colombia no
ha conocido la paz, muriendo sus líderes sociales entre las balas olvidadas de
la Guerra Fría y el narcotráfico.
A Pablo
Romero, Álvaro Jácome y Carlos Medina
Por Frank García Hernández
Tres
años, once meses y veintiocho días duraron los diálogos de paz entre la
guerrilla Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo y el gobierno de
Juan Manuel Santos. Pero si el 23 de junio de 2016 en La Habana se firmaban los
acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, cinco años después
habían sido asesinados más de 300 exguerrilleros farianos.
Desde el
primero hasta el último día del 2021, y cada mes del año, fueron asesinados
líderes sociales colombianos. El 1 de enero eran asesinados los dirigentes
sindicalistas Gerardo León y Diego Betancourt. El 31 de diciembre caería la
lideresa social María del Carmen Imbachi. En Colombia, solo en el año 2021 se registraron los asesinatos de 171 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ningún país del continente americano vive semejante represión.
Solamente
comprendiendo qué es Colombia, se puede entender la particularidad del triunfo
de Petro. Quienes votaron a Petro no lo han hecho con la idea de que este haga
la revolución, porque, además, Petro no prometió la revolución. Quienes votaron
al Pacto Histórico lo hicieron fundamentalmente para detener la masacre que
solo sufre Colombia, en medio de la normalización de la muerte.
Una
obviedad que merece recordarse: Petro no es Boric, ni Chile es Colombia
Quienes
intentan comparar al triunfo de Gabriel Boric con el de Gustavo Petro debieran
tener en cuenta ante todo el violento escenario colombiano. Mientras Boric
llega a Chile para perfeccionar la cuestionable democracia burguesa chilena,
Petro llega con la misión de al menos evitar que cada año en Colombia mueran
más de cien líderes sociales.
Boric es
el clásico gobierno reformista que se instaura cuando una rebelión popular no
logra consagrarse como revolución social y política. A su vez, Boric representa
a una socialdemocracia -ahora renovada- que desde la caída de la dictadura ya
había colocado dos presidentes: Ricardos Lagos y Michelle Bachelet. Acompañado de
la en cierta ocasión carismática Camila Vallejo y Giorgio Jackson -otro de los
principales referentes de las protestas estudiantiles de 2005- Boric se
presenta como una izquierda millenial lite capaz de tener en su gobierno a una
afamada exdiputada comunista -la Vallejo- y a la vez lanzar críticas contra el “régimen
cubano” -convenientemente desde Estados Unidos y en una cumbre convocada por la
OEA-.
En contraposición,
ni siquiera una tímida socialdemocracia similar a la chilena había llegado a la
presidencia colombiana. No solo perdían las elecciones: la ultraderecha
colombiana, con la complicidad del gobierno, se encargaba de asesinar a los candidatos
que se postulaban desde la izquierda.
Cuando en
1985 el Partido Comunista de Colombia constituyó la Unión Patriótica -UP-
fueron asesinados sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Jaime
Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Junto a ellos, también serían asesinados más
de 3000 militantes de la UP. Pero si se pudiera decir que esta masacre política
tuvo lugar como parte de los momentos más álgidos de la guerra civil
colombiana, la persecución a la socialdemocracia continuó tras los acuerdos de
paz firmados en 1990. Para ese año, el excomandante del desmovilizado Movimiento 19 de Abril y entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática, Carlos Pizarro León-Gómez fue asesinado por uno de sus escoltas en
el mismo avión que lo trasladaba a un acto de campaña electoral.
Colombia: las eternas guerrillas
Salvo los
aceptados zapatistas y el casi desaparecido Ejército del Pueblo Paraguayo,
actualmente, en ningún país de América Latina las guerrillas continúan siendo
un hecho cotidiano.
Para
acercarse a una comprensión mejor del escenario político donde se encuentra
Gustavo Petro, se debe tener en cuenta que en la década de los años ochenta en
Colombia existían al menos nueve grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -orientadas por el Partido Comunista alineado con
la Unión Soviética-; el Ejército de Liberación Nacional – donde se ensamblaban el
guevarismo y la Teología de Liberación-; el Ejército Popular de Liberación
-maoístas-; el indigenista Movimiento Armado Quintín Lame; las Autodefensas Obreras;
el Partido Revolucionario de los Trabajadores -escisión del maoísta Partido
Comunista Marxista Leninista-; el Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria-Patria Libre -fusionado posteriormente con el ELN bajo el nombre
Unión Camilista-ELN-; el Comando Ricardo Franco - grupo autor de la tristemente
célebre masacre de Tacueyó, escindido de las FARC en 1980- y el nacionalista
Movimiento 19 de Abril, guerrilla de la que proviene Gustavo Petro.
En los
inicios de los noventa, la mayor parte de las guerrillas colombianas firmaron la
paz con el gobierno, pero de estas organizaciones se desprendieron grupos
disidentes negados a desmovilizarse. Sin embargo, paradójicamente estos remanentes
guerrilleros no eran ortodoxos cumplidores de la ideología por la cual una vez
iniciaron la lucha armada: la mayoría de estos pequeños grupos armados se
vincularon directamente con el narcotráfico. Uno de los más tristes casos fue
el Frente Pedro León Arboleda del EPL que terminó fusionándose con los
paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia.
Por su
parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vivieron un proceso
ascendente. Tras la caída de la Unión Soviética, la FARC se vio carente de todo
apoyo económico por lo que decidió incursionar con el narcotráfico. Al mismo
tiempo, incrementaron la práctica del secuestro, ahora con mayores motivaciones
económicas y no tantas políticas. Tras su desmovilización, las FARC -transformadas ahora en el partido Comunes- han llegado a reconocer que durante su existencia como guerrilla -1964 a 2016- secuestraron aproximadamente 20 000 personas.
El fructífero
negocio de la droga provocó que la FARC expandiera su presencia a nivel
nacional al comprar grandes cantidades de armamento, uniformes y demás
implementos de logística. Buena parte de los campesinos que reclutaban se unían
a las FARC-EP no por un móvil político, sino porque de esta manera tenían garantizada
ropa, comida y protección a sus familiares.
Al firmar
las FARC-EP los Acuerdos de Paz de La Habana en junio de 2016 se echó a ver la
débil conciencia política de este grupo armado. De los más de 70 frentes
guerrilleros y diferentes estructuras militares que conformaban las FARC-EP, al menos diez se negaron a desmovilizarse y, completamente despolitizados, han
terminado convirtiéndose en meros grupos del crimen organizado, llegando a
asesinar incluso líderes sociales. A esto se le debe sumar que tres años
después de los acuerdos de paz -y aparentemente por un móvil político- se
constituiría la FARC-Segunda Marquetalia, organización armada dirigida por Iván
Márquez, uno de los principales comandantes guerrilleros.
Junto a las
disidencias de las FARC, los grupos paramilitares, el asesinato de más de cien
líderes sociales anualmente, la persecución a muerte contra los exguerrilleros,
Colombia también convive con la guerrilla activa más antigua de América Latina:
el Ejército de Liberación Nacional. Sin concluir los diálogos de paz entre las
FARC-EP y el gobierno colombiano, también desde La Habana se tendieron los
puentes para el inicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación
Nacional. Con la llegada del uribista Iván Duque a la presidencia, los diálogos
entre el ELN y el gobierno se estancaron al punto de que la comisión
guerrillera destinada para las negociaciones quedó varada en La Habana al negarle
las autoridades colombianas su entrada al país.
Una
posible muerte anunciada
La
continuación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional es
algo que pudo hacer un gobierno tan derechista como el de Juan Manuel Santos,
pero proteger y defender a los líderes sociales y exguerrilleros solo puede ser
llevado a cabo por un gobierno medianamente de izquierda. Aún más sucede con
los juicios contra los responsables de esta persecución y asesinatos: ningún
partido que haya gobernado Colombia enfrentará judicialmente a los
representantes del paramilitarismo. La tarea de Gustavo Petro será detener la
masacre contra los líderes sociales y los exguerrilleros, desmantelar a los
grupos paramilitares, llevar a juicio a los asesinos y los representantes
históricos del paramilitarismo como Álvaro Uribe.
Colombia es
hoy el único país de América Latina donde los líderes sociales pueden ser
asesinados nada más comienzan a tener cierto impacto en la comunidad. Colombia
es hoy el único país que convive con remanentes de la insurgencia vinculados al
narcotráfico, el narcotráfico en sí, grupos armados de ultraderecha -que son el
brazo ejecutor no solo de la oligarquía sino también del crimen organizado- y
además, la existencia de la guerrilla -un fenómeno que parece ajeno al 2022
latinoamericano-. No nos extrañe entonces que Gustavo Petro sea asesinado como sucedió con Carlos Pizarro.
Los once millones de personas que votaron a favor de Petro, más que desear un primer gobierno de izquierda en Colombia, votaban porque la izquierda y los movimientos sociales puedan expresarse en paz, construir en paz y vivir en paz como el resto de las izquierdas de América Latina hoy hacen con tanta normalidad que olvidan a veces la violenta soledad de Colombia.