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El gobierno de la muerte

Por: Daniel Mathews y Paula Monteverde


En memoria de Elisa Mathews Monteverde, asesinada a los 7 años


En América Latina la colonialidad del poder ha devenido en necrocracia. La “democracia representativa” sigue existiendo, por cierto. Pero al costado de esa falsa libertad existe otro gobierno dictatorial, con control territorial, organización económica y relaciones internacionales.

Los actores de la muerte

El gobierno oculto se basa en sus propias posibilidades criminales, formado desde facciones, bandos, maras, patotas, mafias y grupos paraestatales. En algunos casos, el colombiano es paradigmático, al poseer verdaderos ejércitos: una tropa uniformada, grados de mando y tribunales militares para juzgar las indisciplinas. Las Águilas Negras tienen tanto o más reclutas que el ejército oficial. 

Berta Cáceres (Honduras), Marielle Franco (Brasil), Paola Mena Ortiz (Colombia), y otras más de 200 mujeres han sido asesinadas este año en medio de los conflictos sociales de sus respectivos países. Pero hay otro móvil adicional: las mafias que controlan los territorios en los que ellas vivían, queriendo mostrar su poderío. Cualquier oposición merece la pena de muerte. La soberanía se demuestra en el disciplinamiento de la población civil. Para un gobierno ilegítimo, la disciplina solo se puede conseguir a través de la pena máxima. 


Por cierto, hay países donde no se necesita esta organización paraestatal. En el Perú se combinan dos estrategias criminales. En la pelea de las comunidades campesinas por preservar sus tierras frente a la invasión de la minería, la policía tira a matar. En la Amazonía peruana se recuerda la masacre del 5 de junio del 2009. Allí se usó una fuerza indebida para el desalojo de aproximadamente 5 000 nativos aguarunas, huambisas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas de Jaén (departamento de Cajamarca), Bagua y Bagua Grande (departamento de Amazonas), que se encontraban bloqueando la carretera. Pero también se emplea grupos asesinos en la eliminación de dirigentes sociales. Es el caso del proyecto minero Tía María, que supuso el asesinato del ingeniero agrónomo Carlos Guillén Carrera. 



En Argentina es la policía la que aplica el “gatillo fácil” contra poblaciones marginales. Pero, curiosamente, también se aplica la muerte cuando alguien denuncia un delito. El 8 de octubre de 2013, se asesinó a Gabriel Eiriz por denunciar fiestas clandestinas al costado de su casa. Él no sabía que el local estaba protegido por una policía corrupta: Fernanda Pérez Argüello. Siete años después, recién ha terminado el juicio. La jueza Andrea Pagliani dictó una sentencia a 2 años de prisión suspendida.

Economía de la muerte

Cocaína, minería, fiestas: el capital siempre está detrás de la carrera hacia la muerte. En la Amazonía las comunidades huyen del “hombre blanco” asustadas por el constante secuestro de mujeres y niñas, que son vendidas para el servicio doméstico o sometidas a explotación sexual. Son los llamados pueblos “en aislamiento voluntario”. Y es que sin capital esto no funcionaría. Para mantener un ejército, como el de Águilas Negras de Colombia, es necesaria una economía. Resulta muy difícil saber el volumen de la misma. Pero hay un dato que nos da Naciones Unidas. En la Conferencia sobre Crimen Organizado de 1994, se estimó que solo el narcotráfico era más productivo que el petróleo.


Así, resulta hipócrita creer que se combate el narcotráfico apresando a los paqueteros, e incluso, creer que se puede combatir a nivel local. Hace medio siglo, Andre Gunder Frank proponía que, en los países atrasados, no quedaba sitio para una burguesía, sino para una lumpenburguesía. En épocas de globalización, debemos suponer que nuestra lumpenburguesía alguna ligazón tiene con la del norte. El dinero que se hace acá va a los bancos de allá. Y, por el tamaño de las corporaciones, no es posible investigar qué tanta participación tienen en la producción mafiosa y qué tanto les hace ganar.

¿Culpables? 

Hay una premisa universal: nunca se llega al fondo de los crímenes relacionados con el poder político o económico. Nunca se sabrá quién mató a Pasolini, qué instancia gubernamental ordenó la matanza de Tlatelolco, quién asesinó a Kennedy, quién a Santiago Maldonado. Pero lo que en estos casos es un hecho puntual, en los territorios de la necrocracia es una constante. Nunca se sabrá quién organizó los feminicidios de Ciudad Juárez -que ahora se han extendido a todo México-. Y si se sabe, será tan poderoso, que no podrá ser tocado y hasta gozará de protección estatal. Es el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Curiosamente, Duque trata a Uribe de “presidente” y no al revés. 


La fórmula que usa la “democracia” para que la realidad segunda quede oculta es considerar los crímenes como aislados. Las mujeres en Ciudad Juárez y los líderes sociales en el Valle del Cauca reciben balas todos los días. Pero cada caso se juzga como independiente uno del otro, y eso impide cualquier acto de justicia. No podremos lograr que terminen los hilos sin afectar a la madeja, pero no hay interés en acabar con el crimen. Existe una gruesa complicidad entre los dos gobiernos: el oficial y el mafioso, que lleva al primero a convertirse en escudo del segundo. Efectivamente, Uribe es el Presidente de Colombia. 

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