“Mientras más se agudiza la crisis económica, política y social que coloca a Cuba en la sombra de lo que un día fue y difícilmente será, el Gobierno y el Partido imponen el terror con el acallamiento de voces incómodas y el deliberado enjuiciamiento por presuntos delitos «comunes» de personas que ejercen su derecho constitucional a la protesta”
Llamamos a que las organizaciones y personalidades de izquierda se solidaricen urgentemente con Jorge exigiendo el fin de la persecución contra su persona. La represión solo se puede romper quebrando el silencio.
Reproducimos a continuación un texto de su autoría publicado hoy 19 de septiembre donde nos actualiza de su grave situación:
EL APAGÓN NEURONAL
Mis últimos dos meses han estado cargados de varios acontecimientos que desnudan con crudeza la naturaleza represiva del Estado cubano.
El 18 de julio de 2025, que parecía ser un día más en el esquema detención-transporte patrullero intermunicipal-calabozo-regreso a casa por mis propios medios, marcó un antes y un después con una golpiza cuyo pretexto fue la merecida calificación de fascista y cínico al actuar de los compañeritos de la Seguridad del Estado, que toman por asalto las Unidades de la PNR y dan órdenes a diestra y siniestra a sus acólitos de la policía. El hecho de que me portara bien dio pie a un burdo video filmado con el objetivo de neutralizar mi denuncia y que logra exactamente lo contrario, salvo para los que buscan una justificación al silencio y a la complicidad.
Un mes después se encontraron con un Era que se les enfrentó desde el primer minuto y —si no estuvo mal caerle a pescozones por dos palabras— les ofreció con términos mucho más fuertes la posibilidad de acabar el trabajo. Sin embargo, optaron por dos métodos más sofisticados y sórdidos: lo condujeron a la fuerza a dos hospitales y obligaron al personal de la salud a violar la ética que debe guiar una profesión como esa, en aras de llenar un «certificado de lesiones» que podría haber significado mi asesinato —«Laideliz: hemos encontrado a su esposo en una cuneta con múltiples heridas que le causaron la muerte. Tenga la Seguridad de que hallaremos a los culpables»—, mi regreso al hospital en «otras condiciones» o mi ingreso, bajo los efectos de una esquizofrenia paranoide cuya prueba más elocuente eran mis gritos de «¡hijos de puta!» a la presencia de alguno de los jóvenes combatientes del Departamento de Seguridad del Estado que me acompañan cada 18.
Se vinieron igual con el secuestro de mi carnet de identidad; sabrá Dios cuántas barbaridades tramarían al privarme del documento. Su devolución por la PNR días después ofreció un epílogo que demuestra la impotencia que los corroe: detuvieron por casi seis horas a mi amiga Lara por una acción tan humana como la de acompañarme a Infanta y Manglar y seguir conmigo de vuelta a Santos Suárez.
Mientras más se agudiza la crisis económica, política y social que coloca a Cuba en la sombra de lo que un día fue y difícilmente será, el Gobierno y el Partido imponen el terror con el acallamiento de voces incómodas y el deliberado enjuiciamiento por presuntos delitos «comunes» de personas que ejercen su derecho constitucional a la protesta, a la vez que ofrecen, con su incompetencia, motivos más que suficientes para que el pueblo pida fin al agobiante estado de cosas y clame por su libertad. Los juicios por los disturbios de 2024 en Bayamo, y los que se avecinan contra los intelectuales José Gabriel Barrenechea, Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, son el último legajo al que echa mano el régimen para lograr con el yugo lo que no puede con la estrella, para hacer funcionar unas neuronas que están en paro.
En mi caso, cabe agregar que una vez más acudí a presentar denuncias-reclamaciones en los «canales adecuados» —léase Presidencia de la República, Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fiscalía Provincial, Fiscalía General del Minint y Fiscalía General de la PNR—, los cuales, a falta de fluido eléctrico, no me han transmitido sus deliberaciones no obstante ser sobrepasado con amplitud el plazo de treinta días estipulado por la «Ley no. 167 del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas», generada y aprobada por esas instancias y refrendada en la Gaceta Oficial a los 16 días del mes de octubre de 2024.
Igual siguen sin discutirse en la Asamblea Nacional los mecanismos para viabilizar el derecho a la manifestación que nos otorga la Carta Magna, mientras que protestas como las de Bayamo y más recientemente Gibara son criminalizadas en función de sembrar el miedo y apuntalar la doble moral que es faro y guía de los revolucionarios de pacotilla que siguen defendiendo «esto».
Desde el 18 de marzo de 2023 mi hermana Alina se para en manifestación pacífica a la vera del Apóstol en el Parque de la Libertad de Matanzas. Los pocos que la secundamos lo hacemos conscientes de que nuestro gesto es simbólico, pero logra al menos poner en entredicho la voluntad del Gobierno para «dialogar con los ciudadanos y hacerlos partícipes de la construcción de la nueva sociedad».
Hoy, finalmente, no podré acompañarla en su protesta —el estado de salud de Laide me lo impide—, pero, desde estas cuatro paredes a las que pretende confinarme una «reclusión domiciliaria» que se hace eterna, demando la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la libertad de TODOS los presos políticos, la adopción de políticas más efectivas contra la pobreza y el fin del acoso contra los que disentimos y ponemos cara al desastre.
Que sepan las decenas de abnegados combatientes que cada 18 se movilizan desde horas de la madrugada para prenderme, así como los chivatos del barrio y el personal de apoyo que garantiza el suministro de gasolina a sus medios de locomoción y los almuerzos, meriendas y comidas dilapidados en el afán de cambiar mi postura, que los acompaño en sus sentimientos.